A nueve meses de las elecciones municipales y a un año de las presidenciales, la Junta Central Electoral (JCE) está arropada por el choque de intereses de los partidos políticos, que no solo cuestionan sus decisiones, sino que las atacan en los tribunales.
Las posiciones asumidas por un gran número de partidos en contra de las decisiones electorales están dando paso a poner en tela de juicio el accionar de sus actores.
Las mayores desavenencias se han registrado por la resolución de la JCE que eliminó el arrastre en 26 provincias y lo mantuvo en otras 6. La decisión ha sido calificada por la oposición política como discriminatoria al crear una división de ciudadanos de primera y de segunda.
